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El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, declaró a los periodistas que la decisión de México de conceder asilo a Chávez en su embajada en Lima constituye un “acto hostil” que ha intensificado aún más la tensión existente entre ambos países. Posteriormente, la oficina del presidente José Jerí acusó al gobierno mexicano de “interferir repetidamente” en los asuntos internos del país sudamericano.

Las autoridades acusan a Chávez de haber participado en el intento del entonces presidente Pedro Castillo de declarar el estado de emergencia y disolver el parlamento peruano. Castillo no logró obtener el apoyo del ejército, fue rápidamente destituido por el Congreso y arrestado tras ser acusado por los fiscales de intento de golpe de Estado.

La Fiscalía de Perú acusó a Chávez de complicidad en el delito de rebelión contra las fuerzas del Estado y solicita una pena de hasta 25 años de prisión. Chávez ha negado tener conocimiento del plan de Castillo para disolver el parlamento.