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El comisionado general de la UNRWA, Lazzarini, señaló que se ha dado un nuevo paso en el patrón de indiferencia deliberada hacia el derecho internacional y las Naciones Unidas.

Indicó que fuerzas israelíes realizaron una redada en un centro de salud de la UNRWA en Jerusalén Oriental, subrayando que se trata de una instalación perteneciente a las Naciones Unidas.

Lazzarini añadió que posteriormente las autoridades israelíes ordenaron el cierre del centro por un período de 30 días, impidiendo así el acceso de los refugiados palestinos a servicios básicos de salud.

Asimismo, señaló que se prevé cortar el suministro de agua y electricidad a las instalaciones de la UNRWA en las próximas semanas, y continuó:

«Esta situación es una consecuencia directa de la legislación aprobada por el parlamento israelí en diciembre, que endurece aún más las leyes existentes contra la UNRWA promulgadas en 2024. La reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia ha confirmado una vez más que el Estado de Israel, conforme al derecho internacional, está obligado a facilitar —y no a obstaculizar o impedir— las actividades de la UNRWA».