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Nadgey Fones, portavoz del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE. UU., declaró: «Los funcionarios gubernamentales —ya sea en Estados Unidos, en la Unión Europea o en cualquier otro lugar— sirven al público y deben rendir cuentas ante él».

Fones afirmó que los funcionarios de la Comisión Europea insisten en el anonimato para sí mismos mientras promueven políticas que eliminarían el anonimato en línea para los usuarios dentro y fuera de Europa.

El comité, presidido por el republicano de Ohio Jim Jordan, acusó a la Comisión Europea en un informe publicado en febrero de interferir en las elecciones estadounidenses y de censurar la libertad de expresión tanto de ciudadanos de la UE como de EE. UU. a través de la Ley de Servicios Digitales.

El informe contenía aproximadamente 3.000 páginas de pruebas y abarcaba comunicaciones entre funcionarios, sociedad civil y empleados de la industria. Incluía información de la que podían derivarse los nombres y direcciones de correo electrónico de unos 20 miembros del personal de la Comisión, mientras que los nombres de empleados de grandes empresas tecnológicas estaban en su mayoría ocultos.

La medida fue descrita en Bruselas como un intento de intimidar a los funcionarios que trabajan en la aplicación de las normas digitales. Prabhat Agarwal, jefe del equipo encargado de aplicar la legislación sobre plataformas de la Comisión Europea, dijo el lunes en una conferencia ante funcionarios y representantes de la sociedad civil: «No tengan miedo».

En 2023, la Comisión dejó de publicar los nombres de los funcionarios de nivel inferior y decidió divulgar únicamente los nombres del personal de alto nivel. La razón fue evitar influencias indebidas en el proceso de elaboración de políticas y presiones sobre quienes trabajan en asuntos sensibles.

En respuesta a una pregunta sobre la publicación de los nombres el 6 de febrero, el portavoz de la Comisión, Thomas Regnier, señaló que la Comisión dio a las empresas la oportunidad de redactar información sensible antes de la publicación y que «ambas partes deben actuar conforme al debido proceso».

«Los nombres de muchos funcionarios que trabajan en este expediente se han hecho públicos», afirmó Regnier, añadiendo que la Comisión protegerá a su personal, incluso mediante asistencia jurídica o financiera.