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El gobierno búlgaro teme que las restricciones, previstas para entrar en vigor el 21 de noviembre, puedan interrumpir el suministro de combustible, provocar escasez y aumentar las tensiones sociales en el país.

Las sanciones impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump apuntan a los principales productores de petróleo rusos Rosneft y Lukoil. Su aplicación ya ha causado inquietud en varios países europeos dependientes de la energía rusa. Dado que la refinería Lukoil Neftochim Burgas cubre aproximadamente el 80% de las necesidades de combustible del país, Bulgaria se encuentra entre los más afectados.

Según fuentes de Politico, Sofía contactó con Washington para aclarar el procedimiento para solicitar un aplazamiento de las sanciones después del 21 de noviembre. Los funcionarios temen que los bancos se nieguen a procesar transacciones relacionadas con la refinería, lo que podría detener sus operaciones. Un cierre de este tipo podría provocar escasez de combustible, protestas públicas y una posible desestabilización del gobierno.

Esta situación forma parte de un problema europeo más amplio relacionado con los activos energéticos rusos. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, solicitó personalmente una exención de las sanciones, pero su petición fue rechazada; Alemania, por su parte, la pidió después de colocar las filiales locales de Rosneft bajo control estatal.

Mientras tanto, Lukoil anunció que había alcanzado un acuerdo con la empresa comercializadora de energía Gunvor para vender sus activos en el extranjero afectados por las sanciones. El acuerdo requiere la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).